11/09/2010

El Polo Democrático Alternativo participará activamente en el debate legislativo que comienza en el parlamento sobre ley de víctimas y restitución de tierras. En este debate hará un reconocimiento de los aspectos positivos de la propuesta y al mismo tiempo presentará sus observaciones críticas y propuestas sobre la misma.

REPRESENTANTE IVÁN CEPEDA


Algunos avances contenidos en el proyecto de Ley de víctimas



El proyecto de ley No. 107/10 “Por la cual se dictan medidas de atención y reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario” radicado por el Presidente Santos el pasado lunes 27 de septiembre, y acumulado con el proyecto de ley No. 85/10 “Por la cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras”, es una iniciativa del Gobierno Nacional que ha sido presidida por un largo esfuerzo de las organizaciones de víctimas por elaborar un marco normativo favorable a la realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación y que sirva para la superación de la violencia y sus efectos.



El hecho de incluir en la agenda pública los derechos de las víctimas es un hecho positivo. La actitud que caracterizó al anterior gobierno fue de constante negación al reconocimiento de los derechos de las víctimas y de reticencia a afrontar la responsabilidad del Estado en este campo.
La voluntad del actual gobierno al impulsar un proyecto de Ley sobre víctimas, merecer ser resaltado. También debe valorarse la aplicación de medidas colaterales que pueden contribuir a la reparación integral. La decisión de reestructurar al Incoder y emprender una revocatoria de los actos administrativos que esta entidad impulsó en los últimos años contra las víctimas de la violencia, así como la reciente intervención de la Dirección Nacional de Estupefacientes para ejercer control sobre los bienes y propiedades incautados al narcotráfico, y que eventualmente pueden ser empleados en la reparación de las víctimas, son acciones positivas.


Otro avance del proyecto de Ley es la enunciación del principio de inversión de la carga de la prueba para los procesos de restitución de tierras a favor de las víctimas. Este principio permite que los poseedores actuales de predios ubicados en zonas de violencia generalizada, cuyo título se encuentra en entredicho, sean quienes tengan que demostrar la legalidad de esa tenencia y no las víctimas quienes deban demostrar su derecho sobre esa propiedad. El proyecto incorpora medidas de restitución de tierras no sólo a propietarios sino también a poseedores, tenedores y ocupantes y contempla la exoneración en el pago de las deudas y pasivos de los inmuebles a restituir.
Así mismo, la iniciativa reconoce a las víctimas de agentes del Estado como sujetos de reparación administrativa y plantea que no es necesario un proceso judicial en contra del victimario para que se surta ese tipo de reparación. La nueva norma podría generar nuevas instancias para la defensa judicial de las víctimas y para su atención por una nueva institucionalidad consagrada a través del Sistema Nacional de Atención y Reparación.
Los vacíos del proyecto de Ley


El proyecto de Ley de víctimas del Gobierno Nacional encierra múltiples vacíos que podrían afectar el goce pleno de los derechos a verdad, justicia y reparación integral por parte de las víctimas e impedir que a falta de garantías sociales y en materia de seguridad, se logre el acceso a las tierras objeto de expropiación y restitución.

Entre los principales vacíos de la propuesta se destacan: la ausencia de una consulta amplia a las organizaciones de víctimas y de consulta previa a las comunidades étnicas; la exclusión del PDA en el proceso de concertación anterior a la presentación del proyecto de ley en el Congreso de la República; el desconocimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos por parte del Estado como fundamento de la reparación; la confusión entre medidas de carácter asistencial y medidas de reparación integral; la limitación de la reparación judicial a las víctimas de grupos armados ilegales desconociendo el principio de proporcionalidad y reparación integral; el sujetar la materialización de la norma al principio de sostenibilidad fiscal; no garantizar la reparación patrimonial debilitando considerablemente las posibilidades del retorno; someter a la discrecionalidad del Gobierno aspectos esenciales de la reglamentación del proceso de reparación y de restitución y crear una comisión de la verdad que no garantiza autonomía respecto del Poder Ejecutivo, entre otras.

Frente al fundamento de la reparación, si bien la Ley reconoce la existencia de víctimas de agentes del Estado no define su responsabilidad en esas victimizaciones. En el universo de las víctimas del proyecto quedarían excluidas las personas que han sufrido la violencia sociopolítica. Así mismo, al tratarse de una Ley de justicia transicional podrían ser excluidas las víctimas de los nuevos grupos paramilitares e igualmente familiares cercanos y personas pertenecientes a parejas del mismo sexo.


Contrario a lo que determina la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; el proyecto de Ley confunde medidas de reparación con ayuda humanitaria y prestaciones sociales que son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado. Aspectos que además de ir en contra del deber de garantizar la reparación integral, desconoce el enfoque transformador de la reparación que indica que la víctima al ser reparada no regresara a la situación que vivía antes del hecho de violencia -por lo general de miseria y discriminación- sino que se le asegurarán condiciones de vida digna, de incremento en su calidad de vida y de ejercicio pleno de su ciudadanía.


Otra falla estructural del proyecto de Ley es condicionar la reparación a la sostenibilidad fiscal, lo que podría llevar a que una vez concedida la reparación, el gobierno argumente razones de carácter presupuestal para no cumplir con esa disposición.
Establecer topes para la indemnización por vía judicial es inconstitucional por cuanto viola la autonomía de los jueces y elude la responsabilidad del Estado.
La inclusión de una serie de elementos tendientes a lograr verdad, justicia, garantías de no repetición, conquistas esenciales en la lucha contra la impunidad y el debilitamiento de las estructuras económicas y políticas de los aparatos criminales resulta fundamental para superar los efectos de la violencia. Por esta circunstancia el PDA ha desarrollado propuestas que expondrá en el debate parlamentario.

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