4/13/2011

Edición:UN Periodico Impreso No. 143

Por: Luis Enrique Orozco Silva, Facultad de Administración, Universidad de los Andes

Uno de los problemas más críticos que enfrentan las políticas públicas es el acceso a la educación de tercer nivel de las personas de menores ingresos. Estas se encuentran discriminadas por razones de etnia, género, color o clase social, y su número creciente convierte el servicio en excluyente, poniendo en tela de juicio su legitimidad.

Los diferentes gobiernos han planteado como solución el crédito educativo y las becas, en la medida en que permiten, a través del financiamiento de la demanda, facilitar el acceso en mejores condiciones que las que ofrece el mercado. En el caso de Colombia, es evidente que esta orientación del préstamo ha posibilitado, manteniendo el apoyo a los estratos de mayores ingresos, optimizar el acceso de los estratos 2 y 3, no así el del 1, en parte porque no tiene entrada al sistema educativo en su conjunto.

La primera razón de la importancia de la equidad en educación consiste en el papel que juega el conocimiento en la economía de las naciones y en la posibilidad para todo el país de ocupar una posición digna en el concierto global. De otro lado, la educación es el medio de formación de los talentos humanos y la vía más importante para que las personas puedan construir un proyecto de vida digno y una posición que consideren valiosa para sí mismos en la sociedad.

Calidad, en contra de los pobres

Pero las medidas que se tomen en esta materia en el terreno de la educación superior, por parte de los gobiernos, dependen de la orientación sobre la cual se establezcan. En efecto:

¿Se trata de igualar las oportunidades para quienes tienen el talento y las condiciones que asegurarían en principio el acceso a las élites, bajo el presupuesto de la existencia de una naturaleza innata, inteligente y apta pero diferentemente distribuida en una población?

Esta opción supone que lo urgente es crear igualdad de oportunidades, para que los más talentosos puedan acceder al mayor grado posible de formación, y simultáneamente contar con un esquema diferenciado para el resto de la población. Por lo tanto, lo correcto es disponer de un acceso universal hasta el nivel básico y procurar la formación selectiva de una élite competente en el nivel superior.

O, el énfasis se pone en establecer una política orientada a incrementar la igualdad por la vía de la educación, en cuyo caso se partiría de que el talento tiene una base social y, por ende, la inteligencia es un proceso multidimensional en el que inciden numerosos factores como la socialización primaria, la estimulación temprana y la calidad del desarrollo psicomotor. En ese sentido, no es totalmente predecible en su despliegue ni medible a través de los recursos tradicionales de la psicometría, en lo cual la cultura tiene una influencia muy amplia.

Desde esta última perspectiva, hay que preocuparse no solo por la adquisición común de las mismas competencias y conocimientos que se consideran básicos para el mejor aprovechamiento futuro de nuevas oportunidades, sino también por otros aspectos como disminuir la deserción de la población de alto riesgo entre primero y quinto semestre, las innovaciones curriculares y su adaptación a los diversos tipos de estudiantes, la creación de recursos de apoyo, estimulación y nivelación que demanden los diferentes tipos de estudiantes, y la flexibilidad en materia de rutas de aprendizaje en las estructuras curriculares y en espacio y tiempo de aprendizaje. Naturalmente, se trata de un esfuerzo que involucra a las instituciones, y que una política de gobierno puede orientar mediante proyectos de amplio aliento.

Mientras se mantenga la primera opción, que es dominante en la mayoría de los países de América Latina, la educación será excluyente, selectiva y en tal caso la lucha por el mejoramiento de su calidad irá en contra de los pobres. Será muy útil para la formación de las élites en cada país pero no para dignificar la existencia de las mayorías.

Inequidad, las cifras hablan

Por lo anterior, sigue siendo un problema no resuelto el escoger entre aumentar cobertura en el marco de un sistema de educación superior excluyente, o incrementar la equidad, vía el mejoramiento del acceso a programas educativos con calidad y con una visión más incluyente derivada de una apreciación menos neoliberal. La alta deserción en la educación superior refuerza el argumento contra el aumento de cobertura versus acceso y equidad. En efecto, la deserción por cohorte en las universidades es actualmente de 45,3%, en las de carácter tecnológico es de 53% y en la técnicas de 60%.

Estas consideraciones no son retóricas puesto que las cifras respecto a inequidad hablan por sí solas. En el anterior gobierno, según las encuestas continuas de hogares del DANE para los años 2002–2007, la tasa de escolaridad bruta varió entre 24,47% en el 2002 y 32,48% en el 2007; el promedio de América Latina es de 31%, lo que significa que, para este último año, 3,3 de cada diez personas asistían a la educación superior. Pero si miramos la tasa neta, que es más interesante porque nos habla de las personas que efectivamente asisten al nivel apropiado para la edad, el promedio para el mismo periodo es de 17,77% y una tasa de 16,31%.

Lo importante para observar es lo siguiente: cuando se ven las tasas por quintiles de ingreso, las diferencias son amplias. Mientras en el quintil 1, o sea el de menores ingresos, la tasa de escolaridad superior bruta tuvo un promedio de 6,35% para el periodo 2002-2007, en el quintil 5, el de mayores ingresos, la tasa promedio subió al 77,07%. La tasa de cobertura para el quintil más bajo tan solo se incrementó en 4,08 puntos porcentuales, mientras que en el quintil 5 el aumento fue de 19,21 puntos.

De igual manera, en la tasa neta por quintiles de ingreso se ven amplias diferencias entre los niveles. Para el año 2007, en el quintil 1 tan solo el 6% de las personas accedieron a educación superior, mientras que en el quintil 5 ese porcentaje subió al 49,4%. La evolución de la tasa neta por quintiles muestra que para el 1 fue de 3,03 puntos porcentuales y para el 5, de 5,26 puntos durante el periodo 2002–2007. Estas cifras ponen en duda el entusiasmo con que frecuentemente se hace énfasis en el alcance de la política de cobertura, buscando incorporar al sistema a los más pobres.

En consecuencia, hay que cambiar la política de cobertura por una de mejoramiento del acceso con las características anotadas. Esta debe tener en cuenta y armonizar las acciones orientadas a un mayor acceso, una mejor calidad y una menor deserción. Todo lo demás son habladurías.




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