4/01/2011

Equipo Editorial
Colectivo Agrario Abya Yala


Mucho se ha hablado del conflicto entre el presidente Santos y el expresidente Uribe, y entre los intereses que cada uno representa: los de la oligarquía tradicional y los del proyecto narco-paramilitar, intereses que no solo no se contraponen, sino que se complementan, pero que se confrontan a la hora de partir el ponqué. Sin embargo, más allá de esta disputa, allá donde la politiquería no alcanza, hay un acuerdo básico que es funcional a los grandes grupos económicos, a los “hombres detrás del poder”, y que los beneficia a todos (Y no digo todos y todas, porque realmente se limita a “todos”). Este acuerdo es la razón principal para afirmar que la “Locomotora del Desarrollo minero y Expansión energética” es la continuación y consolidación de un modelo productivo que se viene implementando desde el gobierno de la Seguridad democrática.


Un modelo minero-energético depredador, a favor del capital extranjero y en desmedro, principalmente, de las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas del país. La única diferencia entre la situación actual y la de hace 500 años, es que ahora son nuestros supuestos gobernantes los que venden los recursos minerales del país, ya no hay siquiera necesidad de arrebatarlos. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha presentado en su Plan Nacional de Desarrollo (PND) una serie de “locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo”, entre ellas, el desarrollo minero y la expansión energética. La asignación presupuestal es un elemento central para determinar la importancia y efectividad de una política pública, en este sentido, la locomotora minera tiene una sobresaliente prioridad.


El PND le asigna el 41% del total de la inversión de las demás locomotoras y además representa el 17% del total de la inversión programada para el cuatrienio. El interés particular por la explotación minera y energética, está dado por la creciente demanda energética mundial, especialmente por parte de las “economías emergentes” o recientemente desarrolladas como China, India o Brasil; que han provocado un ciclo de alza de los precios de minerales como el Carbón y una tendencia creciente del valor del petróleo. De ahí también se explica el boom de los agrocombustibles. Es claro para el gobierno que el ciclo de precios altos beneficiará al capital privado, más no al Estado y sus ciudadanos(as), ya que en la exposición de motivos del Proyecto de Ley de reforma al sistema de regalías se prevé incluso una disminución del porcentaje del PIB que representarán los ingresos totales provenientes del sector minero al 2021. Desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se diseñó una política de impulso a la minería, establecida en el Plan Minero Energético Visión 2019, que proyecta a Colombia como un País Minero. Esto resulta paradójico si se tiene en cuenta que no es el Estado quien detenta el monopolio de los proyectos de explotación y extracción minera, sino que son las empresas privadas, la mayoría extranjeras, quienes son las encargadas de adelantar los proyectos y, por ende, acaparar sus ganancias. El Plan Minero Energético enfatiza la inconveniencia de la inversión estatal productiva como empresa minera, así como de la función rectora, normativa y de control que debería ejercer el Estado sobre esta actividad.


El plan establece que “(h)asta años relativamente recientes, el Estado colombiano, como propietario del recurso minero, no sólo desempeñó funciones de administrador del mismo sino que en muchos casos actuó –sin mayor éxito –como empresario minero. En la actualidad el Estado busca priorizar y concentrar sus esfuerzos en actividades más acordes con las funciones que le asigna la Ley minera de 2001, las cuales permiten definirlo como facilitador y fiscalizador en el desarrollo de los proyectos mineros, al tiempo que incentiva en forma eficaz y contundente la inversión privada”[1], una postura que es recogida en las bases del PND 2010-2014 como uno de los principios del modelo de desarrollo: “el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario”[2]. Conforme a esta visión de Colombia como un País Minero para el 2019, Uribe adelantó una serie de reformas para lograr su famosa Confianza inversionista, lo cual no es otra cosa que la facilitación de la inversión privada sin contraprestación en beneficio del Estado. También buscó satisfacer la meta según la cual se espera tener “la contratación minera más ágil de Latinoamérica”[3]. De esta manera, el gobierno Uribe allanó el camino para este propósito neoliberal, eliminando toda suerte de obstáculos.


Entre ellos, se reestructuró el reparto de la renta minera, disminuyendo las regalías e impuestos y se flexibilizó la obligación de reparación social y ambiental de las empresas. Estos “pactos de estabilidad fiscal” han representado una disminución del porcentaje promedio que queda a disposición del país en cuentas estatales, el cual se ha reducido al 16%, mientras que el otro 84% se queda en manos de las grandes empresas transnacionales y de la burocracia local[4]. En la actualidad, las regalías son más bajas que hace 20 años, del año 2004 al año 2009 las regalías en la producción minera se redujeron del 6% a 4.6%[5], así como los impuestos sobre el total de la producción han pasado del 13% al 8 %, para el mismo período. Estas reformas se implementaron transitoriamente con el fin de estimular la inversión extranjera, pero a la postre se han tornado permanentes, en beneficio de los grandes consorcios mineros.


Por otro lado, se han venido eliminando las barreras para las concesiones mineras sobre predios protegidos o zonas de reserva, lo cual se encuentra estrechamente relacionado con los territorios colectivos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, por ende, con su supervivencia. Se eliminaron los requisitos ambientales en la fase sísmica y exploratoria, y se ha burlado de distintas formas la exigencia de consulta y consentimiento previo de los grupos étnicos. De esta forma hubo un auge en las concesiones mineras, de 1 millón de hectáreas tituladas se pasó a 8,4 millones de hectáreas de exploración minera a diciembre de 2010, casi el doble de las utilizadas en actividades agrícolas, en explotación se suman 400 mil hectáreas, únicamente para minería. En los páramos, en los que según el código minero se encuentra proscrita la minería, los títulos pasaron de 70.000 a 122.000 hectáreas. Al respecto, la ley del PND prohíbe todo tipo de minería en los páramos pero deja la puerta abierta a la explotación minera de zonas de reserva forestal y a la minería a cielo abierto en territorios colectivos.


A su vez, las bases del PND, en vez de establecer el acompañamiento de las comunidades, mordazmente establece acompañar a las empresas: “(e)n cuanto al aspecto social, es necesario establecer mecanismos sólidos de coordinación con el Ministerio del Interior y establecer protocolos para atender y acompañar a la industria en su relación con las comunidades durante las fases de planeación, implementación, desarrollo y operación en los proyectos”[6], como si fueran las empresas transnacionales las que requieran asesoría y atención del Estado para que no vayan a salir mal libradas al explotar el territorio ancestral de las minorías étnicas. Cabe anotar que las concesiones mineras afectan a más de 600 mil hectáreas de propiedad colectiva indígena y las nuevas solicitudes con otros 3,5 millones de hectáreas de resguardos. La política de seguridad democrática, se inscribe dentro de este plan, con el único fin de recuperar militarmente los territorios para garantizar “seguridad” en las zonas claves de inversión, entre ellas, las zonas con mayor cantidad de recursos minerales importantes para el mercado internacional. Las metas para el 2019 son duplicar la explotación de carbón, multiplicar por cuatro la de oro y triplicar el área de contratos mineros. Sin embargo, el gobierno ha excluido de sus expectativas en la Industria minero-energética, la extracción artesanal.


Los artículos 61 y 65 de la Ley del PND se destinan a perseguir la minería artesanal y tradicional, condenando su comercialización sin diferenciarla de la minería ilegal a gran escala, depredadora, y que ostentan los grupos armados ilegales. De esta manera, las comunidades que extraen artesanalmente sus recursos, ante la incapacidad económica de conseguir títulos mineros debidamente inscritos, se convierten automáticamente en delincuentes. De esta forma, es posible concluir, que la política minera del gobierno Santos es una continuación de un plan diseñado por el gobierno Uribe y de una política de desarrollo neoliberal que los antecede. El PND, una vez más, atiende a las exigencias de la división internacional del trabajo, y se signa el destino de Colombia como un país exportador de recursos naturales y materias primas. El mismo PND 2010-2014 reconoce que los productos primarios constituían para el año 2009 el 56.5% de las exportaciones colombianas[7], situándonos en una clara desventaja frente al mercado internacional en donde las grandes potencias, esas mismas que vienen a explotar nuestros recursos, exponen productos industriales con un valor agregado muy superior. A su vez, esta política de desarrollo, la principal del próximo decenio, promoverá los conflictos violentos y disputas por los territorios y sus recursos, seguramente causando nuevas olas de desplazamiento de las comunidades que se asientan en ellos.


Notas:


[1] UPME, Unidad de planeación minero energética, Ministerio de Minas y Energía, Colombia País Minero: Plan Nacional Visión 2019.

[2] Departamento Nacional de Planeación, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para todos, pág. 16.

[3] UPME, Unidad de planeación minero energética, Ministerio de Minas y Energía, Colombia País Minero: Plan Nacional Visión 2019

[4] Cálculos INDEPAZ 2010- Asociación Colombiana de Petróleo, ACP, datos de impuestos tomados de la ponencia de Alejandro Martínez, diciembre 2009.

[5] Martínez, Alejandro, Balance de la industria, diciembre 2009.

[6] Departamento Nacional de Planeación, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para todos, pág. 219. [7] Ibíd. Pág 158.



Fuentes:




  • Camilo Gonzáles Posso, INDEPAZ, La renta minera y el Plan de Desarrollo 2010 – 2014, Bogotá D.C. 2011.


  • Comisión Colombiana de Juristas, Colombia: perspectivas en derechos humanos y derecho humanitario 2010-2014. Marzo de 2011


  • Departamento Nacional de Planeación, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para todos


  • Proyecto de Ley no. 179 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”


  • UPME, Unidad de planeación minero energética, Ministerio de Minas y Energía, Colombia País Minero: Plan Nacional Visión 2019



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