6/01/2011

El Colectivo Agrario Abya Yala invita a leer críticamente el proyecto de ley aprobado entendiendo los límites que se se han expuesto por parte de la posiciòn de las vìctimas y las asociaciones campesinas, indìgenas y afro, sobre que no se contempla una situaciòn de reparaciòn y reconciliaciòn que garantice las garantìas de no repeticiòn; existen problemas asociados al "mercado de tierras", dado la proyecciòn econòmica de la ley al provocar la legitimidad del destierro y no se superan los dilemas de considerar polìtica de postconflicto en marco del mantenimiento de las estructuras criminales paramilitares y el conflicto social y armado colombiano. Anexamos noticia de Revista Semana llamando la atención que la aparente buena intencion de la Ley de Víctimas esconde procesos más complejos en la historia reciente del país y no atiende con política clara la altura del conflicto por la tierra en Colombia.

El acuerdo final de la Ley de Víctimas
Revista Semana.



El gobierno y siete partidos políticos acogieron el texto aprobado por el Senado y suscribieron el acta de conciliación. El Polo se apartó de la decisión y anunció revisión constitucional. Se espera que este miércoles se vote el texto acordado.


Tras casi dos horas de negociación en el despacho del ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, siete partidos políticos firmaron el que será el último acuerdo político en torno a la Ley de Víctimas. Los representantes a la Cámara aceptaron que la ley que sancionará el presidente Juan Manuel Santos corresponda al texto que aprobó el Senado en la noche del pasado 24 de mayo. De esta manera, la Cámara cedió en varios puntos neurálgicos. Por ejemplo en la fecha de reparación pecuniaria, que será a partir del 1 de enero de 1985, y no a partir del 1 de enero de 1991, como lo había aprobado la plenaria de la Cámara. Para que los representantes cedieran en sus pretensiones, dos hechos fueron determinantes. Primero, la jurisprudencia de la Corte Constitucional que establece que para las conciliaciones se deberá acoger uno de los dos textos aprobados y no revivir debates o discusiones, tal como lo explicó el ministro Germán Vargas Lleras. El segundo, que los senadores reconocieron que la columna vertebral de la Ley de Víctimas fue la que aprobó la Cámara de Representantes el semestre pasado y que el Senado se encargó de “pulir y afinar algunos términos”, según explicó el senador liberal Juan Fernando Cristo. También se reconoció que durante el debate en el Senado hubo más participación del Gobierno, directamente del presidente Juan Manuel Santos, para lograr los consensos políticos en torno a la ley.


El acta fue suscrita por los cuatro partidos de la Unidad Nacional (La U, Partido Conservador, Partido Liberal y Cambio Radical) así como el Partido Verde, el PIN y el representante Jair Acuña, en representación de las negritudes. Se espera que la conciliación de la Ley de Víctimas sea votada este miércoles en las plenarias de Senado y Cámara. El único partido que se abstuvo de firmar el acta de conciliación fue el Polo Democrático.


El representante Iván Cepeda argumentó que el texto de conciliación ya había sido concertado por el presidente con los partidos de la coalición y no hubo espacio para la deliberación. El Polo calificó la ley como “importante” pero con “graves falencias”. Y anunció que recurrirán a su derecho de revisión para que sea la Corte Constitucional la que fortalezca los alcances de la ley. El Partido Verde, representando por Alfonso Prada, valoró que se acogiera el texto del Senado, entre otras, porque elimina el principio de sostenibilidad fiscal como criterio para guiar la reparación a las víctimas, y porque incorpora a las parejas del mismo sexo. “Una ley tan importante avanza en el reconocimiento de derechos y en la inclusión de sectores tradicionalmente marginados por la sociedad”.


El Partido Conservador recordó que siempre acogieron la Ley de Víctimas, y que aunque había radicado sus propios proyectos de ley de víctimas y ley de tierras, acogieron el del gobierno. El Partido de La U, en voz del representante Jaime Buenahora, dijo que el siguiente desafío es acompañar al gobierno en la implementación de la ley, que tendrá vigencia por diez años. Estos fueron los puntos centrales de la conciliación: - La ley de víctimas hará reconocimiento del conflicto armado interno. - Serán reparadas simbólicamente todas las víctimas sin importar la fecha, y podrán acceder a indemnización administrativa las victimas desde el 1 de enero de 1985. - La definición de víctimas incorpora a parejas del mismo sexo. - Se elimina el criterio de sostenibilidad fiscal como criterio para aplicar la ley. - Se crea una nueva institución, adscrita a la Presidencia, para encargarse de la reparación a las víctimas (La Cámara había delegado toda la competencia a la agencia presidencial Acción Social). - Aquellos servidores públicos y empresarios que hayan financiado a los victimarios deberán reparar a las víctimas.












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