9/06/2011


Según denunciaron los representantes a la Cámara Iván Cepeda, Wilson Arias y Guillermo Rivera, los hechos ocurrieron en los Montes de María y Urabá. Gobierno dice que a quienes hayan incurrido en estrategias fraudulentas les caerá todo el peso de la ley.


El representante liberal Guillermo Rivera denunció la forma como, a través de una alianza entre empresarios, algunas Convivir y paramilitares, estafaron y despojaron campesinos en el Urabá al venderles terrenos baldíos que pertenecían al Estado.

Por su parte, Wilson Arias -del Polo- aseguró que en los Llanos Orientales 215.000 hectáreas habrían pasado a manos de grupos empresariales. Iván Cepeda -también del partido amarillo- expuso cómo en la región de los Montes de María se legalizaron predios, de forma fraudulenta, y en ese procesos estarían involucrados funcionarios del INCODER y notarios.

"A los líderes de las organizaciones de víctimas los están asesinando”, sostuvo el representante Rivera, para quien esta situación representa uno de los desafíos para la aplicación de la Ley de víctimas y restitución de tierras. El otro lo constituyen los intereses económicos y políticos que quieren “bloquear la restitución”, aseguró.

Rivera presentó dos casos emblemáticos de la situación. El primero es de Albeiro Valdez, un desplazado que retornó en el 2009 a sus tierras por cuenta del proceso de reparación y que fue asesinado poco tiempo después. Hoy su predio se encuentra a nombre de otra persona.

El otro caso presentado por el parlamentario fue el del predio La Niña, en el municipio de Turbo. A dicho terreno, que perteneció a la familia Hazbún, se le aplicó extinción de dominio por ociosidad. Pero Raúl Hazbún, al comando de un grupo paramilitar, exigió un pago a los campesinos que habían ocupado el terreno: 22 familias pagaron, pero las 18 que no lo hicieron fueron desplazadas. En el proceso fue protagonista Rafael García, jefe de la Convivir Papagayo, que purga una condena por concierto para delinquir.

“Hay una mano negra dispuesta a impedir que las tierras sean devueltas a los campesinos”, dijo Rivera, retomando la expresión del presidente Santos. Según el representante, la “mano negra” la constituyen los intereses económicos y políticos que pretenden bloquear la restitución.

Wilson Arias se refirió a que los grandes grupos empresariales del país habrían acaparado unas 215.000 hectáreas de tierra en la región de los Llanos Orientales. Entre los acaparadores, según Arias, se encontraría el ex vicepresidente Francisco Santos, primo del presidente Santos y hoy director de un noticiero radial. Arias sostuvo además que tras la tierra está el interés de empresas transnacionales, y manifestó al ministro de Agricultura su preocupación por su promoción de la inversión privada y extranjera en el agro.

Iván Cepeda reveló a su vez que 25 empresas antioqueñas, entre las que se encuentra Cementos Argos, una de las más grandes del país, lograron comprar tierra en la zona de los Montes de María, para lo cual contaron con la ayuda de servidores públicos.

Cepeda reveló un video del 2009 en el que aparece el entonces ministro de Agricultura, Andrés Fernández, invitando a los campesinos a venderles la tierra a empresarios que calificó como “gente honorable”. En la grabación, Fernández pide a los funcionarios del INCODER levantar las medidas de protección para poder transar las tierras de la región, afectada por el desplazamiento forzado.

El representante denunció que entre el 2005 y la fecha ocho líderes de víctimas han sido asesinados en la región, que además padeció 49 masacres desde 1996. Unas 150.000 personas fueron desplazadas forzadamente, según datos presentados por el parlamentario.

Cepeda pidió a la Comisión de Acusaciones que investigue al expresidente Álvaro Uribe por presunto tráfico de influencias que, a su juicio, permitió la compra masiva de tierras en los Montes de María.

Así mismo, pidió a la Fiscalía investigar al exministro de Agricultura Andrés Fernández, al exgerente del INCODER Rodolfo Campo Soto y a la exdirectora del NCODERen Bolívar María Luisa Brochet, así como a las empresas involucradas en “irregularidades y presuntas conductas punibles”, como vínculos con el paramilitarismo, testaferrato, entre otras.


El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, admitió las irregularidades que se presentaron en el INCODER y en las notarías, incluso fallos de tutela cuestionables que permitieron que tierras despojadas hayan sido legalizadas en favor de terceros.

Restrepo dijo que este gobierno tiene la voluntad política de restituir las tierras a sus verdaderos dueños y que ha sido la administración Santos la que ha descubierto indicios de las “maniobras espurias” mediante las cuales se legalizaron algunos predios.

El ministro recordó al Congreso que ya se encontraron evidencias de despojo en Mampuján y El Salado y el Gobierno ya inició los procesos de restitución. Así mismo, informó que está acompañando a las víctimas de despojo para recurrir las acciones de tutela que permitieron a terceros acceder a títulos de propiedad de la tierra.

Durante el debate dijo que serán los jueces agrarios los que deberán certificar quiénes son poseedores de buena fe, pero anunció que al Gobierno “no le temblará la mano” para documentar todos los casos de despojo. “A quienes, por vía fraudulenta, hayan legalizado el despojo, les caerá todo el peso de la ley”

En contexto