9/20/2011


Es hora ya de aceptar que algo importante está pasando en Colombia, que estamos haciendo algo esencial y que no es la simple ilusión de ser tocados, como ingenuamente creímos hace poco tiempo, por los vientos revolucionarios de los países vecinos, que al fin de cuentas también se extinguieron antes de arroparnos. Desde el Congreso de los Pueblos también se eleva un viento suave, pero insuflados por nuestras propias fuerzas, y cada vez se hace más fuerte y constante hasta envolver todo el territorio colombiano. Ahora nuestra cita inmediata es el Congreso de Tierra territorio y Soberanía, que fue proyectado como uno de los ejes temáticos en la comisión política del Congreso de los Pueblos y se realizará en la acogedora ciudad de Cali entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre.


Y es que hoy las organizaciones sociales y populares, que vienen en un proceso de fortalecimiento y articulación importantes, han asumido plenamente la certeza de que la problemática de la tierra, no sólo en Colombia sino en el mundo entero, atraviesa toda nuestra precaria condición y, en general, es fuente primordial que alimenta el conflicto social y político y perpetúa una de sus dinámicas más nefastas: el conflicto armado. Pero no es sólo esto. Está también la plena consciencia de que a tal problemática han venido a sumársele otros factores que la complejizan tales como el narcotráfico y la corrupción: porque el paramilitarismo es una expresión concreta de las estrategias de los terratenientes y, en general, de la clase rentista de este país que desde siempre han tenido capturado el Estado como instrumento para sus intereses. Además, y esto quizá es lo más importante, la propia problemática de la tierra, se ha agudizado de una manera que parecía cinco décadas atrás impredecible, a través de una estrategia sistemática y violenta del despojo.

Ya vivimos ocho años en el gobierno de Uribe, tras un nuevo impulso a la estrategia paramilitar en el campo, de festinar nuestras tierras a las grandes multinacionales mineras y agropecuarias, que impulsan los monocultivos. Pero en este gobierno ha elevado tal estrategia a política de Estado en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde propone su famosa locomotora minera. Se trata realmente de convertir a Colombia en una gran mina a cielo abierto explotada por el capital transnacional, donde no sólo se expulsará a los campesinos y a las comunidades negras e indígenas de los territorios donde hayan probabilidades de explotación minera (que es prácticamente todo el territorio nacional), sino que se pasará por encima de los páramos, parques naturales, reservas campesinas, cuencas de ríos y demás con sus maquinarias devastadoras.

Justamente decía Hector Mondragón en el debate sobre la ley de restitución de tierras en la Cámara de Representantes, el pasado 31 de agosto, que si para algo había servido este debate era para dejar en evidencia cómo opera el mecanismo de despojo: las tierras son robadas a través del asesinato y el desplazamiento a manos de militares y paramilitares y luego son traspasadas a los grupos del gran capital, que son los verdaderos beneficiarios del despojo, por lo tanto también sus promotores. Quedó claro, incluso, según insiste Mondragón, que la famosa “flexibilización” de la Unidad Agrícola Familiar es apenas un mecanismo para facilitar y legalizar el despojo del campesino y el paso de la tierra a manos del capital financiero internacional. Y es que la política agropecuaria de Santos se centra en estimular las “grandes explotaciones agropecuarias”; de hecho, ya el ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo ha dicho que la estrategia en Carimagua (la que hizo famosa el exministro Arias) sería asociar a los campesinos con un operador que invertirá entre 300 y 400 millones de dólares. Esto, desde luego, cuando se trate efectivamente de impulsar la producción agropecuaria. A juzgar por el grueso de la política de santos, serán los bancos los encargados del “desarrollo” agrario.

El despojo de la tierra que han sufrido sistemáticamente los campesinos ha sido motivado por un interés de quienes se adueñan de ella para desarrollar procesos de monocultivo y también para elevar el precio de la tierra para especular; así a los campesinos que no han sido asesinados para desplazarlos se les condena a morir de hambre, y de paso se promueve que todo el país tenga una dependencia alimentaria. Las tierras son arrebatadas con violencia a los campesinos y vendidas a precio de huevo a los terratenientes tradicionales o nuevos rentistas, para que al otro día valga diez o veinte veces más, en una dinámica que encarece astronómicamente la tierra para la producción. De esta manera, el despojo violento de los desplazados ha sido funcional a ese latifundio especulativo. El resultado es que hoy la tierra en Colombia es más cara que en Brasil, Ecuador o Costa Rica. Por su parte, los empresarios productores de caña en el Valle del Cauca en sus propios estudios han mostrado que la tierra del Valle del Cauca para caña de azúcar es la más cara del mundo para ese fin.

Queda claro de todo esto que, acompañado del despojo violento a los campesinos de sus tierras, se ha desarrollado en los últimos años una estrategia política de la élite, su gobierno y su Congreso para legitimarla. Nada más mírese la pretensión del proyecto de desarrollo rural presentado por el gobierno de Uribe Vélez y revivido hoy por Santos, en donde se pretende, más allá de la pantomima de restitución de tierras, legalizar el despojo de las últimas décadas y someter al pequeño campesino a los grandes empresarios del agro y a su articulación con el mercado financiero internacional.

Por todo esto, aunque para muchos oídos posmodernos suene dogmático y anacrónico, tenemos que repetirlo: la nuestra es una sociedad de clases; y en una sociedad dividida en clases el Estado y sus instituciones son un instrumento de dominación en manos de la burguesía; y esta dominación se expresa justamente en el ejercicio del poder tanto del gobierno como del Congreso para legislar en su favor y en contra de las clases sometidas. El descaro, el cinismo y la grosería de los últimos gobiernos nos han hecho esto tan evidente que ya no es posible ignorarlo ni siquiera de buena voluntad.

Toca comprender entonces que no habrá gobierno mejor si no lo construimos nosotros, que no habrá legislación mejor y, en general mejores condiciones de vida si no las construimos desde los propios sectores populares. Toca comprender que este mundo de injusticia sólo lo podremos transformar quienes sufrimos la injusticia y los que por conciencia estén interesados en ello. Y eso no lo hacemos en concertación con el Estado, la oligarquía, su congreso de bolsillo ni su gobierno, sino justo en confrontación con ellos o aislándonos de su juego, de su sistema y de su coyuntura.

Por fortuna, eso ya lo estamos haciendo, nos estamos organizando y movilizando bajo nuestras propias agendas en el Congreso de los Pueblos. De ahí la importancia de este Congreso de Tierra, Territorio y Soberanía, donde nos damos cita no sólo para debatir sino para construir alternativas, y no alternativas al modelo sino al sistema completo que nos asfixia. Tenemos que trascender la lucha por un pedazo de tierra a la lucha por un plan de vida propio, a la lucha y construcción de una forma distinta de habitar el territorio, de relacionarnos con él y con los demás seres vivientes. Por eso, estamos todos citados al Congreso de Tierra, Territorio y Soberanía en Cali. Allí nos vemos.

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