2/16/2012


La actividad científica e investigativa en el país tendrá más trabas y costos para los científicos que quieran tener los permisos y contratos con el fin de acceder a recursos de material genético.


El ex director de Ecosistemas del Ministerio de Medio Ambiente y profesor asociado de la Vicerrectoría de Investigación de la UN, Gonzalo Andrade, dijo que la comunidad científica recibió con sorpresa la Resolución 260 del 28 de diciembre de 2011, en la cual se establecen cuatro nuevos tipos de cobro en los que los científicos o sus organizaciones deben incurrir por el solo hecho de querer tener acceso al rico material genético existente en el país, así como otra serie de trabas burocráticas que hacen imposible hacer ciencia e investigación. 

Consideramos, desde la Vicerrectoría de Investigación de la UN, que esto es una burla al proceso que se adelanta con el mismo Ministerio de Ambiente”, declaró. 

Recalcó, como lo publicó UN Periódico en su número de diciembre del 2011 (edición 151), que mientras a la actividad científica se le complican los trámites y se colocan más trabas, a la minería ni se le molesta con consultas previas y en 90 días se les da el permiso, con pocos o nulos controles ambientales. Igual está ocurriendo con la tala de bosques en el Chocó, para multinacionales norteamericanas del sector maderero. 

Lejos de ser una “inocentada”, el profesor Andrade señaló que la Resolución “echa por tierra” la reunión sostenida el pasado 20 de enero en la sede del Ministerio de Ambiente, con asesores del titular de ese despacho, Frank Pearl, el Departamento Nacional de Planeación, voceros del Instituto Von Humboldt y la Vicerrectoría de la UN, con el fin de encontrar soluciones a este problema de vieja data. 

Resulta que para cumplir con la ley colombiana, un científico que quiera, por ejemplo, recolectar mariposas para conocer únicamente cómo se llaman, debe armarse de paciencia los tres años y medio, en promedio, que dura el proceso para obtener el permiso del Ministerio y lograr el mencionado contrato de acceso a recurso de material genético. Además, es necesario disponer de 15 millones de pesos que cuesta cada consulta previa ordenada, la cual debe adelantarse con cada comunidad indígena o aborigen que tenga presencia en el lugar donde se piense trabajar científicamente. 

Sin este contrato, los científicos están expuestos a parar en la cárcel, porque así lo dice la norma. “Si esto es ilegal no es porque los científicos lo queramos, pero con la norma vigente y ahora agravada, es imposible la adquisición de un contrato de acceso a recursos genéticos en Colombia. En 15 años tan solo han sido aprobados 46. Hoy por hoy, 560 proyectos requieren de ese tipo de contrato, el tiempo pasa y las trabas aumentan”, remarcó. 

Pidió que sean eliminados estos cobros y la figura de los contratos de acceso, porque recordó que la misma ley colombiana ya acabó con este tipo de cobros y trabas para otros procesos, como los estudios de impacto ambiental o los planes de manejo. 

Después de haber planteado una solución que nos dijeron iba a ser benéfica en una nueva norma que planeaba la cartera, nos sorprenden con esa resolución. Ahora, no solo no eliminaron los costos, sino que nos van a cobrar por la evaluación y seguimiento de los proyectos que presentamos ante las autoridades ambientales. Cuando presentemos el proyecto, le debemos pagar al Ministerio; cuando nos van a evaluar, le debemos pagar, y cuando nos van a hacer seguimiento, también hay que pagar aspectos como honorarios”, dijo.

Frente al tema, afirmó que la sorpresa es mayor porque les abren la puerta a contratistas nacionales o extranjeros que serán los autorizados para darle o no el aval a dichos proyectos, y se les debe pagar con el tope máximo de una tabla respectiva que maneja el Ministerio de Transporte para este tipo de actividades y con los valores del PNUD (para foráneos). “Si antes requeríamos 15 millones de pesos por proyecto, ahora nos tocará tener 20 millones en promedio. Nos van a hacer seguimiento en gastos de viaje y viáticos que tenemos que pagarles a los funcionarios de los ministerios que quieran ir a ver lo que hacemos. No sé cómo el Estado colombiano dice querer incentivar la investigación y la ciencia y demuestra otra cosa”. 

Agregó que el Gobierno también se contradijo al suscribir el Protocolo de Nagoya, que busca “suavizar” los trámites y controles para las investigaciones científicas, así como hacer una distribución justa y equitativa de los beneficios económicos que genere una patente de una investigación. “Colombia fue el primer país en suscribir el protocolo, en cabeza de la consejera presidencial para la Biodiversidad, Sandra Bessudo. Ahora, con resoluciones como la 260, el país demuestra no tener coherencia al respecto”, comentó. 

Dijo que la Ley Antitrámites es otra paradoja. En uno de sus apartes les permite a los científicos que hacen investigación en Colombia con necesidad de acceso a recursos genéticos, seguir haciendo el trabajo durante un año después de la entrada en vigencia la norma, siempre y cuando obtengan el respectivo contrato. “No se soluciona nada, porque el problema es precisamente la obtención del contrato. Es la manera más fácil, para el Gobierno, de lavarse las manos con el problema que a diario enfrentamos los investigadores y científicos colombianos”, puntualizó.

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