11/20/2012

COLOMBIA INFORMA. Con una conferencia pública el 19 de noviembre culminó la visita a Bruselas (Bélgica) de un vocero de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, uno de los campesinos desplazados de la Hacienda Bellacruz y un abogado de la Coordinadora Nacional Campesina.


La delegación dijo que el objeto de su recorrido por Europa es dar a conocer la dramática realidad de sus comunidades en materia de violación a los derechos humanos, de acceso a la tierra y de producción. Su testimonio llega mientras en La Habana (Cuba) arrancan las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc-EP —cuyo primer tema es la tierra y la política agraria— después del polémico proceso de desmovilización paramilitar y sus consecuentes leyes de Justicia y Paz y más recientemente de víctimas.


En múltiples encuentros con funcionarios públicos y parlamentarios belgas y europeos, Ongs y periodistas, esta delegación dio a conocer sus iniciativas y propuestas para una paz cierta y duradera. Plantean que “la restitución de tierras es una necesidad para la paz” y que “las garantías de derechos humanos y de producción para las comunidades campesinas, así como el desmonte de las estructuras paramilitares, son una base sólida de progreso y convivencia”. Agregan que la restitución de tierras se debe realizar al menos con la misma celeridad con que se resuelven los procesos que dan fundamento legal a la inversión extranjera, particularmente en megaproyectos de minería.



La delegación también informó que un gran inversionista brasileño, Germán Efromovich —dueño de la aerolínea colombiana Avianca, único licitante para adquirir la aerolínea estatal portuguesa TAP y accionista de Pacific Rubiales— se asoció con la familia de Carlos Arturo Marulanda —ex ministro de Desarrollo durante la presidencia de Virgilio Barco y ex embajador ante la Unión Europea (1991-1997)— para la posesión y explotación de las tierras despojadas al campesinado de Bellacruz, cambiando el uso del suelo de la producción alimentaria al cultivo de palma.



Soportados en casos concretos y abundante documentación, denuncian que estructuras paramilitares siguen activas y que continúan los crímenes y las agresiones a miembros de organizaciones sociales tanto en Antioquia como en el Cesar.

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