9/26/2014


CENSAT.ORG Los páramos y altas montañas han sido territorios históricamente en disputa, manifiesta por múltiple dilemas de valoración y encuentro de intereses que se encuentran asociados a contextos sociales, económicos y ambientales. En las décadas más recientes, las Conferencias Nacionales de Páramos y Bosques de Niebla, espacios convocados desde los movimientos campesinos, indígenas y ambientalistas, atestiguaron los diferentes conflictos que ocurrían en estas regiones.

Desde las conferencias, se denunció cómo poco a poco se posaba una visión mercantilista y depredadora sobre los páramos, en donde los intereses privados se imponían a través de ordenamientos que desconocían los territorios. Sin duda, durante estos años existió una preocupación creciente por la construcción de megaproyectos en las altas montañas. No obstante, las políticas de militarización y la construcción de leyes de despojo (Ley Forestal, Ley de Aguas, Ley de Páramos), en los gobiernos de Alvaro Uribe Velez, hizo que los diferentes sectores campesinos, indígenas y ambientalistas se opusieran rotundamente a las estrategias conservacionistas y a la privatización del agua, comprometiéndose en la defensa del agua como un derecho humano fundamental.

La importancia de estos territorios no es desconocido por todos nosotros. No es un secreto que entregan alrededor del 70% de agua a la población colombiana, que sus ciclos naturales regulan y conservan el agua, dando origen a los principales ríos del país como el Magdalena, Cauca, Caquetá, Meta, Rancería etc. Son territorios sagrados para muchas comunidades ancestrales, y para otras representan espacios de vida e identidad que dan el sustento a sus actividades cotidianas.

Durante los últimos años, en el marco de un modelo extractivista y mediante la implementación de la política minero-energética se ha profundizado el escenario conflictivo de los territorios de páramos y altas montañas. En particular, en el 2011, el actual gobierno de Juan Manuel Santos y su locomotora de desarrollo, entregó estos primordiales territorios a los intereses trasnacionales para su explotación y extracción de minerales. Precisamente, de los 34 páramos en el país, 22 se encontraban en grave riesgo, ya que habían sido concesionados 391 títulos mineros en zonas de páramos.

Gracias a la movilización, resistencia y denuncia de las comunidades campesinas y urbanas los páramos tienen, nuevamente, un reconocimiento nacional. Los casos más representativos han sido la organización y masiva movilización, que alcanzo hasta 40.000 personas en Bucaramanga y sumo manifestaciones en Bogotá y Cúcuta, en defensa del páramo de Santurbán, y la resistencia de la comunidad de Tasco en un campamento que duró 28 días por la protección del páramo de Pisba. Ambas expresiones de resistencia se hicieron en contra de dos trasnacionales mineras, Greystar y Hunza Coal, que intentaban realizar una explotación de oro y carbón, respectivamente, y cuyos proyectos se encontraban principalmente en zonas de páramo.

Luego que se reafirmara por parte del gobierno que los páramos -así como los humedales- son zonas vetadas para cualquier tipo de explotación minera, se inició una nueva cartografía por parte del Instituto von Humboldt para delimitar los páramos. Dicho trabajo produjo varios interrogantes entre ellos la alta inversión para su realización y la duda sí existía verdaderos criterios para incluir a las comunidades en el proceso de delimitación. Ahora, acabada la delimitación del páramo de Santurbán, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo implementa un proyecto piloto que ha generado mayor descontento. De lo poco que se conoce hasta el momento de la propuesta, y según la ministra Luz Helena Sarmiento, las empresas que ya tengan títulos en etapa de explotación podrán seguir con su actividad minera en los páramos hasta que se acabe el contrato de concesión, manteniendo un modelo expoliador, principal causa del descontento y movilización de las comunidades.

Por otro lado, el Ministerio del Ambiente ha propuesto un modelo de pago por servicios ambientales para reemplazar actividades mineras y agropecuarias en zonas de páramos. Sin embargo, no existe claridad de cómo se implementará este modelo, no se ha definido quién o quiénes serían los compradores y vendedores de tales servicios ambientales. No obstante, el lenguaje en el que ha sido presentada la propuesta sigue manteniendo una visión mercantilista y privatizadora del agua y la vida.

La defensa de los páramos y altas montañas en el país se encuentra aunada a la alternativa de un modelo productivo agrario, protector y cuidador de estos territorios, ya que somos conscientes que territorios degradados no pueden producir aguas en cantidad y calidad suficientes para los seres vivos y las actividades productivas. Así también se rechaza un modelo extractivo que intenta entregar las montañas del país a las trasnacionales e imponer una visión conservacionista que se esfuerza por expulsar a las comunidades de los páramos. De esta manera, desde el año pasado hemos venido realizando diferentes encuentros y recorridos por los territorios de alta montaña en el macizo colombiano, Santander y Región Capital, en donde se ha recogido las problemáticas, las propuestas y las principales preocupaciones de las comunidades frente a este modelo de despojo.

Convocamos, entonces, a las organizaciones campesinas, sociales y ambientales del país, a las comunidades y pueblos de páramo y altas montañas de Colombia a la VI Conferencia Nacional de Páramos y Altas Montañas. Agua para la vida como un espacio de debate y articulación para la defensa de estos territorios. Un espacio que permita consolidar un movimiento nacional en defensa de los páramos y altas montañas, que integre saberes y construya propuestas nacionales para el ordenamiento y protección de los territorios de páramo y alta montaña desde las propias comunidades.

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