11/19/2014



Extraída de @CastillaSenador
Por Frísol 

El pasado jueves 30 de octubre se realizó en las instalaciones del Congreso de la República la audiencia pública “Por el reconocimiento de los derechos del campesinado”, promovida por el Senador popular Alberto Castilla y apoyada por otros congresistas del Polo Democrático Alternativo. La audiencia estuvo a cargo de organizaciones campesinas, pesqueras, negras e indias que se dieron cita para sumar sus voluntades en este propósito común.Los únicos ausentes fueron los representantes del Estado.

El pasado jueves 30 de octubre se realizó en las instalaciones del Congreso de la República la audiencia pública “Por el reconocimiento de los derechos del campesinado”, promovida por el Senador popular Alberto Castilla y apoyada por otros congresistas del Polo Democrático Alternativo, entre ellos los Senadores Iván cepeda y Jorge Enrique Robledo y los Representantes a la Cámara Víctor Correa y Alirio Uribe.

Tanto en su contenido como en su forma la audiencia buscó quebrar los esquemas fríos y protocolarios de este tipo de eventos. Inició con una mística alrededor de los símbolos de la campesinidad; alimentos, semillas, ponchos y sombreros, los cuales se dispusieron sobre una mandala hecha con los elementos básicos de la vida: la tierra, el agua, el fuego y el aire, este último que no fue necesario llevar y que a esas alturas ya se encontraba lleno de dignidad y resistencia. Los pasabocas y cocteles fueron sustituidos por productos sencillos como pan y frutas, y al final, una popular lechona fue compartida entre todos y todas las asistentes.

Aunque los mencionados congresistas ofrecieron sentidos saludos y algunos investigadores comprometidos hicieron parte del panel de instalación, el grueso de la audiencia estuvo a cargo de organizaciones campesinas, pesqueras, negras e indias que se dieron cita para sumar sus voluntades en este propósito común. Dichas organizaciones no fueron únicamente del nivel nacional, sino también del nivel local y comunitario, y tampoco acudieron organizaciones pertenecientes sólo a las grandes plataformas del movimiento social, siendo escuchadas múltiples independientes.

Los únicos ausentes fueron los representantes del Estado. El Gerente General de INCODER y el Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri enviaron mensajes insulsos disculpando su inasistencia, los cuales ni siquiera fueron leídos por representantes de sus entidades, sino que los mismos campesinos tuvieron que hacerlo por ellos.

Alberto Castilla fue el encargado de presentar una estrategia general para el reconocimiento de los derechos del campesinado consistente en una reforma constitucional del artículo 64 de la Constitución Política y una ley estatutaria que reglamente el artículo modificado. La propuesta fue nutrida y complementada durante la audiencia, dejando claro que no es la iniciativa de una persona o grupo sino una reivindicación histórica de los pueblos.

Reforma constitucional

Extraída de @CastillaSenador
En principio, la reforma constitucional pretende el reconocimiento de campesinos y campesinas como sujetos de especial protección del Estado, concepto desarrollado por la Corte Constitucional y que explicado escuetamente implica un trato estatal diferenciado a un grupo poblacional determinado para superar, en este caso, una situación de desigualdad y discriminación. Este reconocimiento parte de dos premisas:

La primera, la del campesinado como sujeto diferenciado culturalmente de otros grupos étnicos y sociales en razón a su relacionamiento particular con la tierra y a una tradición y costumbres compartidas. El proyecto de “Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales”, que se abre paso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU gracias a la persistente labor de la Vía Campesina, condensa de manera concluyente en su artículo primero esta particularidad:

“Un campesino es un hombre o una mujer de la tierra” [1].

La segunda premisa es la del campesinado como sujeto identitariamente diverso, en el entendido de que existen muchas formas de ser en el campo. Al respecto, una de las ausencias del proyecto fue puesta en evidencia por Julián Medina, pescador del Golfo de Morrosquillo y partícipe de la audiencia, quien se presentó como “campesino del agua”, resaltando que los derechos de las comunidades pesqueras también deben entrar en el ámbito de protección. Esta misma salvedad se hizo durante la construcción multitudinaria del Pliego de exigencias de la Cumbre Agraria Étnica Campesina y Popular y por eso el Mandato 18 del primer punto expresa que “El mar es otra expresión territorial, que necesita la garantía de los derechos de las comunidades costeras y de pescadores artesanales”.

Otra de las pretensiones de la reforma es fundar un derecho al territorio y garantizar la protección de la territorialidad campesina. Lo anterior tiene como consecuencia la introducción de formas de propiedad colectiva sobre la tierra para campesinos y el reconocimiento de figuras que son una realidad en nuestro país como las Zonas de Reserva Agroalimentaria, las Zonas de Biodiversidad y los Territorios interétnicos e interculturales, viabilizando los planes de vida y de economía que incorporan.

Finalmente, se busca instaurar la consulta popular previa y con carácter decisorio frente a proyectos que impliquen intervención o afectación de territorios campesinos, tierras de economías campesinas o recursos naturales. Esta reivindicación se alimenta de experiencias de otros países de la región como la “Licencia Social” en Perú, con la intención de extender la garantía de Consulta previa con consentimiento libre e informado, instaurado por el Convenio 169 de la OIT, a favor de las comunidades campesinas. 

El artículo 2° del proyecto de Declaración de la ONU también abre perspectivas frente a este asunto:

Literal 4. “Los campesinos tienen derecho a  participar en la formulación de políticas, la adopción de decisiones y la aplicación y el seguimiento de cualquier proyecto, programa o política que afecte a sus tierras y sus territorios.”

Además de la arriba mencionada, en la reforma constitucional destaca la ausencia de una inclusión explícita de derechos diferenciados para las mujeres rurales, comprendiendo que sus realidades son distintas y, por lo general, precarizadas respecto de otros grupos poblacionales. Vale recordar el mandato de la Cumbre referido al “reconocimiento del enfoque diferenciado y con perspectiva de género del acceso, uso y goce del territorio y la tierra para las mujeres”.

Ley estatutaria

Extraído de @destinitofatal
De manera complementaria, el senador Castilla se refirió a la construcción de una ley que promulgue una carta de derechos del campesinado, teniendo como insumo el Pliego de la Cumbre y el proyecto de “Declaración sobre los derechos de los Campesinos” de la ONU.

La ley consagraría nuevos derechos como el derecho al agua. En su intervención, Cesar Pachón de Dignidades habló justamente de legislaciones pendientes sobre páramos y semillas. No obstante, frente a las semillas hay quienes piensan que toda normativización es una restricción a la regla general que debe ser su libre conservación, comercialización y reproducción. Luego la reivindicación no puede ser otra que la supresión de todas las normas que han intentado privatizarlas.

La ley también dotaría de un nuevo sentido a derechos ya consagrados en la constitución, por ejemplo con la incorporación de la soberanía alimentaria en el marco del derecho a la alimentación o con el desarrollo específico de los derechos laborales y de protección social para trabajadores agrarios.

Finalmente, la ley tomaría medidas de ordenamiento territorial acordes con las figuras de organización campesina y reviviría una política de Reforma Agraria para el país. Carlos Salgado, director de Planeta Paz, advertía que el reconocimiento es una forma de justicia y como tal, el reconocimiento cultural del campesinado es inescindible de la redistribución económica de activos como la tierra, el crédito y la asistencia técnica, esto es, de una reforma agraria integral.

La pelea de la década

Desde el punto de vista de la correlación de fuerzas en el Congreso, la propuesta de reforma legal y constitucional del senador Castilla no prosperaría. Sin embargo, la correlación de fuerzas a nivel social es más alentadora. En este momento hay dos escenarios que pueden viabilizar una reforma del andamiaje institucional que proteja los territorios campesinos, más allá de la figura ya reconocida de Zona de Reserva Campesina, la cual no cuenta –por ejemplo- con herramientas contundentes frente a la avasalladora locomotora minero-energética.

El primer escenario es la Mesa de interlocución entre el gobierno Santos y la Cumbre Agraria Étnica Campesina y Popular. Si bien el santismo y su Unidad Nacional han hecho todos los esfuerzos humanamente posibles por incumplir todos y cada uno de los acuerdos alcanzados, la Cumbre y los recientes “Paros agrarios y populares” son hitos de construcción programática y acción coordinada del movimiento social colombiano (con todos sus peros y salvedades), siendo el campesinado actor protagónico del proceso. En lo cierto estaba Pedro Julio Polo de COMOSOC cuando dijo durante la audiencia que los campesinos quieren ser sujetos de derechos, porque ya son sujetos de hecho y “de hechos en la movilización”.

El segundo escenario es la Mesa de diálogo entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC-EP, con posibilidad del inicio formal de diálogo con el ELN. Ambas guerrillas tienen un marcado arraigo campesino y entre sus reivindicaciones incorporan la protección de sus territorios frente al latifundio, el modelo agroindustrial y la explotación minera y petrolera. Ha habido avances en cuanto a la participación de las organizaciones de víctimas, del movimiento social y del pueblo en general en la mesa de diálogo pero de momento son avances insuficientes. Por ello se continúa impulsando un movimiento social por la paz que abandere una paz más allá del simple silenciamiento de los fusiles y cuyo principal conducto es el Frente Amplio por la Paz que tuvo varios encuentros de carácter nacional entre los días 14 y 17 de noviembre.

Los y las dignas campesinas que asistieron el pasado jueves nos recordaron que entre el 45 y el 60 % de los alimentos de consumo directo son sembrados, cultivados y cosechados por sus manos, y que es la economía campesina el único modelo agropecuario que puede enfriar al planeta. La justificación está y ha estado siempre, los escenarios están y no han estado siempre, y ahora contamos con una propuesta de marco normativo cursando en el Congreso que continuará alimentándose. Las condiciones están dadas para dar -la que puede ser- la pelea de la década.



[1] Artículo 1. Definición de campesino. “Un campesino es un hombre o una mujer de la tierra, que tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas. Los campesinos trabajan la tierra por sí mismos y dependen sobre todo del trabajo en familia y otras formas en pequeña escala de organización del trabajo. Los campesinos están tradicionalmente integrados en sus comunidades locales y cuidan el entorno natural local y los sistemas agroecológicos”.

En contexto