9/20/2015


Nuestra opción por defender las economías campesinas y las formas tradicionales de vida, tiene fundamento en la profunda productividad y sostenibilidad que éstas le brindan al planeta. Sólo en Colombia el 70% de los alimentos que consumimos vienen de las manos campesinas. A pesar de que hacen uso de menos del 30% de la tierra destinada para la agricultura, producen más comida por hectárea que cualquier industria gracias a la asociación de varios cultivos, pesca y cría de ganado en sus traspatios. Los campesinos alrededor del mundo, utilizan menos del 20% de los combustibles fósiles, cuidan la biodiversidad, conservan miles de variedades de semillas y protegen los nacimientos de agua. 


Además, la producción de alimentos a pequeña escala ha demostrado ser una política de inclusión social y equidad. El campo es el gran empleador del país, y sin embargo, la agricultura trabajo peor remunerado. A esto se le suma que Colombia es uno de los países más desiguales en la distribución de la propiedad de la tierra en Latinoamérica. Nuestro índice de GINI es de 0,86 cuando 1.0 indica que una sola persona sería la propietaria de la totalidad de la tierra del país. 

Esta inequidad en la tenencia y propiedad de la tierra es directamente proporcional con la desigualdad social, y es al mismo tiempo causa y consecuencia del conflicto armado interno, como lo han reconocido los informes de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas. Durante este tiempo, se calcula que se ha generado el despojo de hasta ocho millones de hectáreas, una extensión superior a la superficie que hoy se destina a la agricultura y más del 15% de la superficie agropecuaria del país.

El movimiento campesino ha podido constatar que a pesar de las pretendidas reformas agrarias durante el siglo XX [Ley 200 de 1930, Ley 135 de 1962 y Ley 160 de 1994], persiste una ausencia de voluntad política del Estado Colombiano que favorezca el acceso a la tierra del campesinado y que se abstentga de profundizar el despojo y la concentración de la tierra. El proceso de reforma agraria que debería haber adelantado el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER, arroja apenas un 5,6% de titulacion de tierras baldías para campesinos, es decir, nunca se ha logrado modificar la estructura agraria, ni la propiedad de los grandes latifundios. Así, la “reforma agraria” ha consistido en la adjudicación de terrenos baldíos que a menudo se encontraban en las regiones más aisladas y carentes de infraestructura, es decir, en donde generalmente han habitado pueblos originarios.

Paralelo al proceso de despojo y paquidermia en la adjudicación de predios para las familias campesinas, se han hecho de conocimiento públicos varios casos de corrupción, complicidad en el desplazamiento forzado y el despojo de familias campesinas en distintas zonas del país* en los que el INCODER, entre otras entidades del Estado han estado involucrados. El INCODER ha brillado por su ausencia en la recuperación de baldíos que grandes hacendados han sustraído a la Nación, como en el caso de la Hacienda Bellacruz y El Garzal. Tampoco ha recuperado ciénagas, humedales, playones y baldíos en zonas de reserva forestal, que hoy se encuentran con sus paisajes alterados por los monocultivos y la agroindustria arroyadora. 

Adicional a ello, se han denunciado varios casos de grandes extensiones de tierra originalmente baldía que hoy se encuentra en manos de grandes empresas del agro negocio mundial, familiares de paramilitares o reconocidas familias de la vida política en la altillanura y otros lugares del país; un modelo agrícola impulsado por Andrés Felipe Arias, el entonces Ministro de Agricultura de Álvaro Uribe, quien pretendió adjudicar tierras de la finca “Carimagua” a grandes empresarios y bajo el falso argumento de la poca productividad de la agricultura campesina, se hicieron a grandes sumas de dinero por vía de subsidios del Estado con el programa Agro Ingreso Seguro. 



La privatización de las tierras y los recursos públicos, destinados al desarrollo rural de los campesinos sin tierra, pretende legalizarse con el actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (PND) y el proyecto de ley que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), que permite a empresas solicitar en concesión tierras de “utilidad pública” para impulsar agroindustria de gran escala.

Contrario a lo que se plantea el gobierno de Santos, estamos convencidas que una política de desarrollo rural verdaderamente “útil a lo público” es aquella que cumpla con la agenda social planteada por las organizaciones campesinas que recoge la Cumbre Agraria, étnica y popular y la agenda de paz acordada con las FARC en la Habana. Es decir, una agenda que cumpla el mandato constitucional de acceso progresivo a la tierra a los campesinos y el derecho a la restitución de tierras de las victimas del conflicto armado. 


Es urgente que el país pague su deuda histórica con el campesinado, le reconozca como sujeto de derechos, valore su tecnología, cultura y territorialidad, garantice su participación política y encuentre en él otras posibilidades de buen vivir.  

* El informe de la Procuraduría da cuenta de cómo de forma directa funcionarios del INCODER revocaron títulos de las parcelas de decenas de campesinos que abandonaron las tierras tras la violencia paramilitar del Bloque Norte de las AUC, en cabeza de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ en el municipio de Chivolo, Departamento de Magdalena. Procuraduría General de la Nación, Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, Reflexiones sobre el INCODER y la institucionalidad agraria en Colombia, Instituto de Estudios del Ministerio Público, Bogotá, abril de 2015

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