1/10/2017


En Colombia el conflicto armado así como su solución política y la construcción de paz, están estrechamente vinculados a la situación de la propiedad de la tierra y al desarrollo rural. A pesar de la expedición de una profusa normatividad dirigida al desarrollo de la función social y ecológica de la propiedad, así como normas de reforma agraria y restitución de tierras, en la práctica estas no han tenido una aplicación efectiva. La legislación agraria en Colombia es una amalgama de intereses de fuerzas políticas y sociales, en la cual se evidencia la pugna entre los sectores terratenientes tradicionales que buscan el mantenimiento del estatus quo. 



Por un lado, el empresariado que pretende la eliminación de las barreras que bloquean el desarrollo capitalista en el campo, y por otro lado, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que luchan por el reconocimiento y defensa de sus derechos territoriales, reivindican otras formas de relacionamiento con la tierra, la pervivencia de sus prácticas sociales, culturales y ancestrales, en contraposición a la articulación de sus territorios al mercado de tierras. Se evidencia una correlación de fuerzas entre estos sectores como trasfondo político que origina las leyes agrarias, a la par que se reconoce cómo históricamente las dificultades de acceso a la tierra en la ruralidad colombiana se encuentran vinculadas a la expansión funcional del latifundio para la protección de los intereses de grupos dominantes

El presente documento recoge los principales aspectos de la normatividad vigente relacionada con el acceso a tierras y desarrollo rural en Colombia y se divide en cinco partes: (i) las normas constitucionales sobre derechos de propiedad y acceso a la tierra para campesinos, indígenas y afro descendientes; (ii) la normativa reglamentaria sobre cada uno de los mecanismos existentes para promover el acceso a la tierra y la formalización de los derechos de propiedad (se mencionan la prescripción adquisitiva de dominio, la adjudicación de baldíos, los procedimientos agrarios especiales, las Zonas de Reserva Campesina, entre otros); (iii) los mecanismos de acceso a tierras para el desarrollo de proyectos agroindustriales sobre las Zonas de Desarrollo Empresarial y las Zonas de interés Nacional de Desarrollo Rural Económico y Social; (iv) los mecanismos de reversión en cuanto a la recuperación de tierras baldías indebidamente ocupadas y los mecanismos que establece la Ley 1448 de 2011 para la reversión del despojo ocasionado con ocasión o en el contexto del conflicto armado; y (v) la agenda legislativa pendiente en temas de tierras y desarrollo rural donde se encuentra lo concerniente al desarrollo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en lo relacionado con el punto uno de la agenda de negociación, esto es, la Reforma Rural Integral y los principales proyectos que se encuentran en trámite en el Congreso de la República. 

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