5/08/2017

Por: Cubio Colectivo Agrario Abya Yala

En Colombia la alegría por el fin del conflicto armado entre el gobierno y las FARC-EP, pareciera olvidarse por momentos, pues presenciamos una nueva oleada de violencia contra las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. Las negociaciones que se desarrollaron en la Habana, Cuba, después de casi cinco años cerraron con la firma de un Acuerdo Final. A pesar de la derrota del plebiscito el 2 de octubre, las partes lograron alcanzar un segundo acuerdo de 310 páginas firmado el 24 de noviembre de 2016 por el Presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño alias Timochenko, máximo jefe de las FARC-EP.

A pesar de la desidia del gobierno nacional en cumplir con la implementación del Acuerdo de paz y adecuar las instalaciones de los puntos de concentración donde las tropas de las FARC-EP harán la dejación de las armas y la transición a movimiento político civil, la guerrilla ha mantenido inquebrantable su compromiso con la paz y ha cumplido firmemente lo acordado. Pero hoy en gran parte del territorio nacional, se siente un profundo temor por el fortalecimiento y expansión territorial de los grupos paramilitares, quienes, a pesar de ser negados por el Gobierno nacional, hoy vuelven a tener el poder que tuvieran en el pasado, como ocurrió con las Autodefensas Unidas de Colombia, la más grande confederación paramilitar en Colombia, que durante casi una década de existencia fue el causante de los más atroces crímenes contra poblaciones enteras y el desplazamiento de millones de personas. 


Hoy grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia controlan cerca de 300 municipios en el país, amedrentando a la población civil, mantienen vínculos con la fuerza pública y funcionarios del Estado y operan como la mano negra al servicio de gamonales políticos y empresas nacionales y transnacionales. Y quienes más sienten el temor son las organizaciones sociales rurales, pues cada vez son más frecuentes los asesinatos selectivos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, principalmente líderes de base; campesinos, indígenas y afros de a pie, líderes históricos que tienen un potencial papel protagónico en la implementación de los acuerdos de paz.


Los acuerdos de paz tienen como eje transversal el enfoque territorial, que indica que serán priorizadas las zonas donde históricamente se vivió el conflicto armado, allí donde ha reinado hasta ahora la ley del más fuerte, se concentrarán los esfuerzos del gobierno y la sociedad por construir Estado Social de Derecho y establecer el imperio de la ley. Esto pasa por fortalecer los mecanismos de participación popular y convertir a la sociedad civil en un agente central del cambio. Con lo cual serán las organizaciones sociales en esas regiones, quienes tendrán la posibilidad de tener un papel activo en la materialización de los acuerdos de paz, principalmente en el punto sobre reforma rural integral, participación política y política cultivos de uso ilícito. Tres temas que han sido causas estructurales del conflicto armado que causaronel alzamiento en armas de las FARC-EP: la concentración de la tierra, el modelo político excluyente y el abandono del campo.

Y es que las alarmas están prendidas desde la finalización del proceso de paz, el fin de semana justo antes de la firma del Acuerdo Final, fueron asesinados vilmente tres líderes sociales: Erley Monroy y Didier Barreto, líderes campesinos y defensores de derechos humanos y del ambiente de la Macarena, Meta, miembros de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero ASCAL-G y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica; y Rodrigo Cabrera, defensor de derechos humanos y también miembro de Marcha Patriótica, fue asesinado en Policarpa (Nariño). Y atentaron contra la vida de dos más: Danilo Bolaño Díaz y Hugo Cuellar.

Según el informe de Front Line defenders, Colombia encabeza el listado en América Latina en el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2016. La Defensoría del Pueblo ha denunciado que durante el año 2016 fueron asesinados más de 120 líderes y defensores de derechos humanos en todo el país, principalmente en zonas rurales, cifra más alta en la historia reciente del país. Estos hechos dan muy mal señal, para nadie es difícil recordar el genocidio de la Unión Patriótica, partido político que surgió de una negociación similar entre el gobierno nacional y las FARC-EP en 1984, que se convirtió en una esperanza de cambio para millones de colombianos, pero terminó con una danza macabra de muerte y terror, que cobró la vida de más de cinco mil de sus militantes, y ahogó en ese momento la esperanza de paz, pues los sobrevivientes tuvieron que exiliarse del país o ingresar a las filas de las FARC.

Hoy son el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos las organizaciones sociales con mayor número de miembros asesinados, agredidos o amenazados. ¿Será la crónica de un genocidio anunciado?, hoy es frecuente que los titulares de la prensa anuncien otro asesinato de algún líder social en alguna vereda de un municipio priorizado para la implementación de los Acuerdos de paz. Lo peor es que lo temíamos, sabíamos que las oligarquías de este país, acostumbradas a ordenar la muerte de aquel que reclamara sus derechos por la tierra y no permitirían superar las relaciones feudales sobre la propiedad de la tierra por vías democráticas.

Esto siempre lo tuvieron presente El Gobierno nacional y las FARC-EP mientras negociaban la paz, y para ello contemplaron una serie de medidas que buscan una eficaz protección a las organizaciones sociales y el combate contundente a los grupos paramilitares, entre ellas se encuentra la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encabezada por el mismo Presidente de la República e integrada por todos los órganos de Estado y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, la cual tiene como responsabilidad generar las medidas para la seguridad de las organizaciones sociales, el combate y desmantelamiento del paramilitarismo. Así mismo contempla la creación de una unidad especial de investigación de los ataques contra los líderes sociales y un cuerpo élite para el combate de estas estructuras.


Sin embargo, todo esto ha quedado en palabras, en discursos bonitos que llenan de esperanza, pero que en la realidad no significan nada, pues siguen matando un o una líder social cada dos días en algún rincón del país.La mayor parte de estos crímenes son en los departamentos de Cauca, Antioquia, Córdoba, Nariño, Norte de Santander Caquetá o Valle del Cauca, donde se encuentran las mejores tierras, los yacimientos de minerales como el oro y las mayores fuentes de agua. Allí están felices las empresas multinacionales porque saben que ahora será más fácil entrar a saquear los recursos naturales. Pero también en esas regiones hay mayor organización social campesina, indígena o afro, con líderes fuertes y conscientes del papel que tienen en la construcción de una nueva Colombia.


Los señores de la guerra aún tienen mucho poder y hoy quieren ahogar en sangre las semillas de paz que están germinando, y el gobierno nacional es cómplice o incapaz de controlarlos. Aún la mano negra del Estado sigue intacta, aún quedan activos una gran parte de los mandos de la fuerza pública que se formaron en la escuela de las Américas, prepararon a los grupos paramilitares y cometieron masacres codo a codo junto a ellos.

La paz de Colombia está en juego, los que se benefician de la guerra no pueden arrebatar el futuro a todo un pueblo, hoy más que nunca urge fortalecer la cadena de afectos, la fraternidad popular y la solidaridad internacional en defensa de la vida de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, semillas de un nuevo amanecer.

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