martes, octubre 01, 2019

Por: Jorge Andrés Forero González*
@AchioteCo

A pocos meses de los 3 años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla FARC-EP, hay que reconocer que el país tiene una sociedad civil activa que sueña, exige y está construyendo un mito fundador como nación más allá de la guerra. Las pasadas elecciones presidenciales mostraron el respaldo de la sociedad colombiana al sueño de paz e hicieron presión al presidente electo a comprometerse con la implementación de lo acordado. Por su parte con cerca de 12 millones de votos en la consulta anticorrupción liderada especialmente por jóvenes se dejó claro el momento de cambio político que vive el país. Las organizaciones internacionales respaldan ese cambio en medio de una generación esperanzada en otra Colombia posible.

El acuerdo de paz creó más de 40 instancias nacionales y territoriales, en las cuales 21 tienen la participación directa de organizaciones de la sociedad civil. Acompañado de ese liderazgo activo, hemos vivido como nunca el despliegue territorial de las agencias multilaterales y no existe ningún organismo de cooperación internacional o del sistema de Naciones Unidas que no esté respaldando el proceso.

Para seguir profundizando con un análisis de la oportunidad histórica que tiene el país, este escrito recoge miradas y recomendaciones de la Cumbre de Instancias No Estatales derivadas del acuerdo de paz del pasado 5 de septiembre y del documento ¿En que va el acuerdo de Paz a un año del Gobierno Duque” de la Comisión de Paz del Congreso, publicado en julio con el apoyo del United States Institute of Peace USIP.

Se lee con esperanza en la declaración de la Cumbre de Instancias que “Sin duda la firma del Acuerdo Final de Paz, sus primeros pasos y los impactos políticos e institucionales que ha tenido, ha marcado un viraje profundo en la historia de Colombia abriendo la transición a la terminación definitiva de un largo ciclo de violencia generalizada y conflictos armados”.

Así mismo se resalta el impacto positivo de instituciones derivadas del acuerdo como la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Convivencia y No Repetición, el Sistema de Alertas Tempranas, la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia o la Instancia Especial de Mujeres. Solo por mencionar un resultado de la JEP, según la Comisión de Paz “a la fecha se han sometido 11.893 personas, 81% FARC y 18% Fuerza Pública. Hay 7 casos abiertos, incluyendo los de secuestro, falsos positivos, reclutamiento de menores y victimización de la UP”

Ante el incremento de las actividades criminales a nivel regional, la Cumbre de Instancias, que tiene una mirada territorial recomienda la “implementación del punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz consistente en las garantías de seguridad para las comunidades. En específico, que se promueva el Pacto Político Nacional con mecanismos obligantes contra el uso de armas y la estigmatización en la política; que se asegure la regularidad de las sesiones de la CNGS de acuerdo al Decreto Ley 154 de 2017 y que se discuta la propuesta de lineamientos de política pública realizada desde la sociedad civil para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales que atentan contra defensores/as de derechos humanos y movimientos sociales”.

Este tipo de medidas fortalecería la matriz mediática y de opinión pública que exige la defensa de la vida de los líderes sociales, ambientales de defensores de derechos humanos y de sacar la violencia de la política. Luego de las elecciones presidenciales más seguras en 100 años en las regionales en curso las alertas están disparadas de nuevo.

Los retos incluyen desarrollos normativos y una marcada voluntad política del Gobierno Duque. La Comisión de Paz del Congreso dejó ver como el “57% de las normas requeridas para la implementación del Acuerdo aún están pendientes de trámite en el Congreso de la República” lo que por supuesto retrasa su entrada en vigencia, en puntos fundamentales en materia de participación política y profundización de la democracia como el de las Circunscripciones Especiales de Paz para las regiones más afectadas por el conflicto armado y la reforma política.

Así mismo señala la Comisión de Paz que de las inversiones proyectadas para la paz en la administración Duque en su PND “el 41% de los proyectos de paz incorporan programas de política social general, sin ninguna focalización territorial”. Actualizando este dato Juanita Goebertus puntualizó recientemente que sólamente el 6% de estas inversiones con el título de paz en el PND, está focalizado en los 170 territorios PDET.

Si bien cada gobierno se enfrenta a restricciones presupuestales, el Gobierno Duque tiene la posibilidad de pasar a la historia como el líder de la construcción de Paz en Colombia con una mirada a los territorios. Duque es especialmente importante pues como lo ha señalado el profesor John Paul Lederach del Instituto Kroc, especializado al seguimiento y monitoreo a los acuerdos de paz en el mundo, “el 50% de los países vuelven a la guerra durante los primeros 5 años después de la firma de un acuerdo de paz”. El primer quinquenio es fundamental en la creación de confianza en el proceso, en la inversión en infraestructura en los territorios afectados por la guerra y en la creación de símbolos para la reconciliación.

En la Cumbre de Instancias se discutía que en materia de inversiones para la paz es posible ir a la banca internacional, profundizar el papel de los organizaciones internacionales y liderar nuestro propio plan Marshall, flexibilizar la regla fiscal e incluir una política especial de bonos e impuestos de paz al sector financiero.

Las alertas están sobre la mesa y requieren acciones concretas para ampliar y fortalecer la presencia del Estado en los territorios más afectados por el conflicto armado. No es tiempo de vacilar, si en temas tan importantes como el de la sustitución de cultivos de uso ilícito, de las 99.097 familias vinculadas al programa de sustitución, el 94% cumplió con la erradicación concertada, no es posible que tan solo el 0,7% han tenido acceso a proyectos productivos. Como señala la Comisión de Paz “para lograr la estabilización del territorio y el cumplimiento de las metas del Acuerdo deberíamos estar invirtiendo por lo menos 4,67 billones al año y (...) estamos invirtiendo al año en los PDET, el 1.2% de lo que deberíamos estar invirtiendo”.

Presidente Duque, las propuestas también están sobre la mesa con un pueblo y una generación de paz que que no se rinde y está convencida de las transformaciones profundas que merece el país. Además cuenta usted con el respaldo decidido de la cooperación internacional. Es tiempo de afirmar con acciones que el tiempo de los señores de la guerra terminó!

*Inicialmente publicada en Tanque de Pensamiento Al Centro



Septiembre 2019

Fuentes: Declaración final y Balance de la Cumbre de Delegados/as No Estatales de Instancias Derivadas del Acuerdo Final de Paz. Disponible en: https://www.conpicolombia.com/2019/09/declaracion-final-de-la-cumbre-de.html
¿En qué va el Acuerdo de Paz a un año de gobierno de Duque? Disponible en: https://www.justiciaypazcolombia.com/en-que-va-el-acuerdo-de-paz-a-un-ano-de-gobierno-de-duque/