miércoles, febrero 26, 2020

Durante la campaña presidencial del año 2018, especialmente para segunda vuelta, el temor ante el regreso del uribismo al poder movilizó como nunca a  millones de personas. Una de las principales preocupaciones era la posibilidad del retorno de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos que durante los años de gobierno de Álvaro Uribe fueron cometidas por parte del mismo Estado, entre ellas estaban las interceptaciones ilegales, más conocidas como chuzadas. Este temor tenía muchos argumentos, bien fundamentados en hechos del pasado.   
Por Cubio Colectivo Agrario Abya Yala
Las chuzadas o interceptaciones ilegales contra líderes de oposición, dirigentes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos fueron una modalidad de violación de derechos humanos que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ejecutó de manera planificada y centralizada durante sus dos periodos, usando los recursos de inteligencia y contrainteligencia del Estado en cabeza del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).  Esta práctica criminal desató uno de los mayores escándalos de su gobierno y llevó a procesar un poco más de cuarenta altos funcionarios, de los cuales una veintena resulto con condenas penales y otro tanto con sanciones disciplinarias, entre ellos todos los directores del DAS de 2002 a 2010[1].
Sin embargo de ese selecto grupo de altos funcionarios, quedaron en la impunidad un poco más de la mitad, entre ellos el propio ex presidente Álvaro Uribe Vélez, principal beneficiario del espionaje e intimidación ilegal que realizaba el aparato del Estado contra sus opositores, para generar terror, desprestigio y estigmatización; prácticas que se enmarcaban dentro de su concepción de la seguridad democrática. En su caso, por estos hechos hay total impunidad, los cientos de procesos en su contra se encuentran en la Comisión de Acusaciones de la Cámara durmiendo el sueño de los justos.  
Muchos ingenuamente creyeron que Iván Duque con su talante de centro y su hoja de vida sin antecedentes judiciales inauguraría una nueva forma de gobernar desde el uribismo, más respetuoso de la legalidad. Pero esta esperanza se fue disolviendo de manera silenciosa desde el nombramiento de su gabinete. El nuevo presidente Duque, les concedió a varios de los funcionarios del Gobierno de Uribe que estuvieron involucrados en las chuzadas y que salieron impunes, el retorno a posiciones importantes en el gobierno nacional.
Entre ellos la más destacada funcionaria, sin duda es la doctora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda: Ministra del Interior del Gobierno Duque durante más de un año y medio, y actual Consejera presidencial para los derechos humanos, quien fuera Presidenta del Congreso de la Republica entre 2007 y 2008. Ella, según algunos directivos del DAS, recibió información producto de los seguimientos ilegales en contra de la senadora Piedad Córdoba con el propósito de realizar un debate en el Congreso para desprestigiar a la oposición política[2]. Sobre su caso, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para investigarla por el delito de tráfico de influencias en el escándalo de las Chuzadas, no obstante la Corte la absolvió en junio de 2012.
Otro caso para destacar es el de Jorge Mario Eastman Robledo, quien fue Secretario General de la Presidencia de la República desde la posesión de Iván Duque y hasta junio de 2019, cuando fue nombrado como Embajador de Colombia en el Vaticano. En el gobierno de Álvaro Uribe fue asesor de comunicaciones de la  Presidencia entre el año 2006 y 2009.  La corte Suprema de Justicia compulsó copias para investigarlo por asistir a la reunión contra el paramilitar alias “Job” en la Casa de Nariño para la planeación del montaje contra la Corte Suprema de Justicia y filtrarlas a los medios con mala intención, pero hasta la fecha no hay avances en las investigaciones por estos hechos[3]
Estos casos ejemplifican el talante del Gobierno de Iván Duque, quien no tuvo ningún inconveniente a la hora de nombrar funcionarios con antecedentes judiciales por vinculación en las Chuzadas, en importantes carteras de su gobierno encargadas de la implementación del acuerdo de paz y las garantías de seguridad para organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y ex guerrilleros de las FARC-EP.  
Por otro lado, es un secreto a voces que el uso ilegal de la Inteligencia del Estado nunca ha desaparecido. El antiguo DAS fue liquidado en el año 2011 y sus funciones fueron trasladadas a diferentes entidades[4], siendo dependencias militares entre ellas la Dirección Nacional de Inteligencia, quienes asumieron principalmente sus funciones en materia de inteligencia y contrainteligencia[5]. En el año 2014 estalló nuevamente un escándalo por espionajes ilegales, esta vez se llamó Andrómeda, un local en Bogotá, desde donde se pagaba para interceptar las comunicaciones de los negociadores de paz y otros políticos relevantes en el país[6]. Otro escándalo fue el del Hacker Andrés Sepúlveda, un experto en informática que inicialmente fue presentado como asesor de publicidad de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, pero posteriormente se conoció que fue un hacker que tuvo acceso a información confidencial que compraba a miembros de organismos de inteligencia del Estado, quien fue contratado para entorpecer el proceso de paz[7].
Estos dos hechos, demuestran la continuidad de un sector de las fuerzas militares muy poderoso comprometido ideológicamente con el uribismo y su oposición al proceso de paz. Es decir que durante el gobierno de Juan Manuel Santos, a pesar de la liquidación el DAS, no se logró evitar que se realizaran interceptaciones y seguimientos ilegales.
Pero el retorno al poder del Uribismo a través de Iván Duque, significó que ese sector guerrerista que dirigió y ejecutó las chuzadas en el pasado, volvía a tener a su disposición el control de todos los aparatos de inteligencia y contrainteligencia del Estado. ¿Qué puede suponer uno? que era muy probable que los usaran contra sus antiguos y nuevos opositores, entre ellos los funcionarios judiciales que adelantan numerosos procesos en su contra.
Por eso las escalofriantes revelaciones hechas por la revista semana sobre el uso ilegal de los aparatos de inteligencia y contrainteligencia del Ejército dirigidos a espiar a periodistas, líderes políticos y defensores de derechos humanos, encabezado por el mismo comandante el general Nicasio Martínez Espinel (la verdadera razón de su remoción)[8], son la confirmación de una sospecha y un temor que existía en buena parte de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.
Como lo evidencia la Revista Semana, los equipos con los que actualmente se adelantan las operaciones ilegales de interceptación de comunicaciones, son mucho más sofisticadas que las realizadas por el antiguo DAS. Equipos como el hombre invisible, poseen una capacidad tecnológica que supera la sofisticación de cualquier aparato conocido anteriormente[9]
Dirigentes políticos como Roy Barrera[10] y Humberto De La Calle[11],  organizaciones defensoras de derechos humanos como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo[12] y la Comisión Colombiana de Juristas[13], abogados defensores de víctimas como Daniel Prado[14] ya han denunciado seguimientos ilegales. Sobre esta nueva política de interceptaciones ilegales hasta ahora se empieza a conocer, queda por establecer sus verdaderas dimensiones y alcances.
Sobre los espionajes ilegales cometidos por el DAS y otras dependencias de inteligencia del Estado en el pasado queda mucho por conocer, son delitos sobre los que hay que esclarecer los máximos responsables, la magnitud de los hechos y su impacto en las víctimas. La lección que queda de esta historia cíclica es que sin justicia y verdad van a volver a ocurrir los mismos hechos una y otra vez. Esta tarea puede aportar más elementos sobre los espionajes ilegales que cometen en la actualidad de lo que nos imaginamos.
La JEP tiene la competencia para acceder a los archivos de inteligencia y contrainteligencia del Estado. Cada vez existen más  elementos que muestran la necesidad de que la JEP abra un caso sobre las interceptaciones ilegales cometidas por el Estado en el marco del conflicto armado. Esto es más que una necesidad para avanzar en la superación del círculo vicioso de impunidad sobre el uso ilegal de la inteligencia del Estado.
*Columnista invitado de la dirección de Construcción de Paz de Alcentro.

[1] Martínez, Julián F. Chuzadas, ocho años de espionaje y barbarie. Ediciones B Colombia S.A. Bogotá. 2016
[2] Ibídem
[3] Ibídem
[4] Ley 1444 de 2011 “Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones”. Reglamentada mediante Decretos 4057 al 4070 de 2011.
[5]  Decreto 4179 de 2011 “Por el cual se crea un Departamento Administrativo y se establece su objetivo, funciones y estructura”.
[6] Revista Semana, “Chuzadas: así fue la historia”, febrero 8 de 2014, disponible en:  http://www.semana.com/nacion/articulo/chuzadas-asi-fue-la-historia/376548-3
[7] El Espectador, “Vienen Capturas de altos mandos del Centro Democrático”, mayo 31 de 2016, disponible en:  http://www.elespectador.com/noticias/judicial/vienen-capturas-de-altos-mandos-del-centro-democratico-articulo-635374
[9] Ibídem.
[10] Semana. Roy Barreras publica las pruebas de amenazas contra él y su familia. Diciembre 11 de 2019. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/roy-barreras-denuncia-amenazas-contra-el-y-su-familia/639907
[11] El Tiempo. Con dron estarían espiando la vivienda de Humberto de la Calle. Enero 25 de 2020. Disponible en: https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/humberto-de-la-calle-denuncia-que-dron-habria-espiado-su-vivienda-455364
[12] El Espectador. Colectivo de abogados José Alvear Restrepo dice que hay “indicios” de que fueron chuzados. Enero 17 de 2020. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/colectivo-de-abogados-jose-alvear-restrepo-dice-que-hay-indicios-de-que-fueron-chuzados-articulo-900293
[13] Gallón, Gustavo. Blancos del hombre invisible. Enero 29 de 2020. Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/blancos-del-hombre-invisible-columna-902010
[14] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. En residencia del defensor Daniel Prado se halla dron. 30 de enero de 2020. Disponible en: https://www.justiciaypazcolombia.com/en-residencia-del-defensor-daniel-prado-se-halla-dron/